LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado Ponente


AC7721-2017

Radicación: 13001-31-03-002-2014-00014-01

Aprobado en Sala de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete


Bogotá, D. C., veintidós (22) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).


Se decide sobre la admisión de la demanda de Pesquera Mar & Redes Limitada, dirigida a sustentar el recurso de casación contra el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil-Familia, emitido el 1º de junio de 2017, en el proceso ordinario incoado por la recurrente frente a Transportes Calderón S.A.


1. ANTECEDENTES


1.1. El petitum. En lo pertinente, la demandante solicitó declarar la existencia de un contrato de corretaje, celebrado con la interpelada el 29 de marzo de 2011, e imponer las condenas respectivas.


1.2. La causa petendi. Según se afirma, Transpersonal del Caribe Limitada solicitó a Pesquera Mar & Redes Limitada, conseguir un socio inversionista o con empresa vehicular, a efecto de prestar el servicio de transporte a C.B.I Colombia S.A.


Como consecuencia de la intermediación, para el referido propósito, Transpersonal del Caribe Limitada y Transportes Calderón S.A., ajustaron un “acuerdo comercial de colaboración empresarial”, formalizado y autenticado el 14 de julio de 2011.


La empresa demandada se obligó a pagar la “comisión pactada del 30%” y “bajo maniobras ladinas y fraudulentas”, ha negado la realización de algún negocio comercial.  


1.3. La sentencia de segunda instancia. Confirma la decisión absolutoria de 16 de noviembre de 2016, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena.

1.3.1. En sentir del Tribunal, como las partes pactaron la “obtención y cesión de un contrato de prestación de servicio público de transporte con personas”, la labor de la demandante no se circunscribía a facilitar acercamientos, sino a suscribir un negocio jurídico distinto con Transpersonal del Caribe Limitada, para luego cederlo a Transportes Calderón S.A.,  lo cual escapaba al objeto del corretaje, en tanto, “involucraba una gestión que, más bien, pareciera propia de un mandato sin representación”.


Aunado a lo anterior, en la cláusula sexta del contrato, la parte actora se obligó a ejecutar la referida gestión en un plazo de 15 días, contados desde el 29 de marzo de 2011, “vencidos los cuales, el denominado contrato de corretaje quedaría sin efectos”. Empero, no existía evidencia del cumplimiento, pues el acuerdo de colaboración finalmente ajustado, databa del 14 de julio de 2011.  


1.3.2. Así las cosas, acota el juzgador, más allá de demostrar el denominado contrato de corretaje, la pretensora debió acreditar otro acuerdo de voluntades, “en virtud del cual se comprometió, específica y concretamente, a servir de mediadora con miras a conseguir un colaborador para Transportes Calderón S.A., en un tiempo determinado”.


Sin embargo, las pruebas recaudadas no permitían llegar a ese resultado. Helí Calderón Acelas, representante de Transportes Calderón S.A., fue enfático en señalar que el contrato nunca se llevó a cabo; y Luis Guillermo Padilla Correa, gerente de Transpersonal del Caribe Limitada, declaró que llegó por sus “propios medios a donde Calderón” y que luego de las negociaciones apareció Luis Alfonso Barrios Blanco, representante de la actora, diciéndole que con aquella empresa había realizado las gestiones.


Si bien Carlos Alberto Villalba Ordosgoitia, narró hechos asociados, no podía predicarse total verosimilitud. En primer lugar, ante la ausencia de Luis Alfonso Barrios Blanco, dijo participar en su nombre, pero esa condición no fue demostrada; en segundo término, tampoco aparecía verificado que haya actuado en representación de Pesquera Mar & Redes Limitada; en tercer orden, el testigo aceptó que no estuvo en toda la reunión y que no conoció los detalles del convenio de colaboración celebrado entre Transpersonal del Caribe Limitada y Transporte Calderón S.A. En gracia de discusión, su declaración resultaba sospechosa, dado que si actuó como mandatario, existía un vínculo de dependencia con la parte accionante, inclinado, por tanto, a favorecer los intereses de ésta.


El testigo Luis Alberto Pájaro Denis, era de oídas, pues simplemente “escuchaba cuando ellos hablaban”, de donde no presenció ningún acuerdo entre la partes, ni tuvo conocimiento de detalles. Fuera de esto, su versión se tornaba “sospechosa por provenir de una persona que ha sido empleada de la firma demandante”.


Lo mismo debía decirse de lo manifestado por Daniel Urango González, puesto que amén de ser amigo del representante de la sociedad demandante, en ningún momento expuso hechos de los cuales se desprendiera que presenció las negociaciones, ni conoció la fecha ni las condiciones particulares del contrato de corretaje.


Igual cosa sucedía con el dicho de Enio Llerena Barbudo, porque al ser vecino de la parte actora, tenía tendencia a favorecerla. Además, si bien habló de un acuerdo, no relató pormenores, ni adujo intervenir, menos estar presente; de hecho, refiriéndose a Luis Alfonso Barrios Blanco y Helí Calderón Acelas, dijo: “ellos que yo he visto no han tenido ninguna reunión entre ambos o no”.


1.3.3. Por último, para el sentenciador, si se admitiera el corretaje, el expediente ayuno estaba de elementos de convicción del porqué se pretendía una remuneración del 30% solo frente a Transportes Calderón S.A., cuando también hubiera sido a cargo de Transpersonal del Caribe Limitada, dado que ambas sociedades se habrían beneficiado con la intermediación, subyaciendo así otra duda impeditiva para dar paso a los hechos de la demanda.


En todo caso, ahondando en argumentos, el acuerdo de colaboración suscrito entre Transpersonal del Caribe Limitada y Transportes Calderón S.A., perduró hasta el 15 de marzo de 2012, dejando ver que las “pretensiones para que se declare la existencia del corretaje hasta una fecha posterior, carecía también de sustento fáctico”.


1.4. La demanda de casación. En los tres cargos formulados, la recurrente denuncia la violación de las normas que en cada uno señala.


1.4.1. En el primero, por la vía directa, puesto que el Tribunal, con respecto a los contratos de corretaje y de colaboración empresarial, “ponderó y valoró” de manera desacertada los elementos de juicio existentes en el proceso, en cuanto si en las cláusulas uno y dos del primero se hablaba de la “intermediación mercantil” y de la “gestión mercantil”, el segundo era su consecuente.


Así, entonces, no podía concluirse que el convenio se extinguió a los quince días o que ha debido acreditarse otro acuerdo; menos sostenerse el mandato sin representación, pues de la hermenéutica integral del llamado contrato de corretaje, “no aflora lo afirmado” por el juzgador.


1.4.2. En el segundo, como consecuencia de haber incurrido el ad-quem en errores de hecho al apreciar los referidos contratos de corretaje y de colaboración empresarial, los emails cruzados y la diligencia de inspección judicial, precisamente acerca de la existencia de uno y otro, el último como producto de aquél.


Igualmente, los testimonios de Carlos Alberto Villalba Ordosgoitia, Enio Llerena Barbudo, Daniel Urango González y Luis Alberto Pájaro Denis, respecto de los cuales el juzgador concluyó que “no daban fe del acercamiento y gestión del demandante”, cuando del contenido que de cada uno transcribe, “se determina todo lo contrario”. Del mismo modo, al no existir una razón seria de sospecha dirigida a demeritar el primero, crear la sub-regla de vecindad como motivo de parcialidad del segundo y citar la simple amistad del tercero con la parte para idéntico propósito.


En la misma dirección, los dichos de Helí Calderón Acelas, representante de Transportes Calderón S.A., y de Luis Guillermo Padilla Correa, gerente de Transpersonal del Caribe Limitada, traídos para desechar el restante acervo probatorio, cuando del análisis en conjunto de las pruebas, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, se concluía que no era cierto lo manifestado por ellos, cual lo explica.

1.4.3. En el tercero, a raíz de haber cometido el sentenciador de segundo grado error de derecho, pues obligado a apreciar las pruebas en conjunto, valoró separada o aisladamente los contratos de corretaje y el cumplido de colaboración empresarial, así como los testimonios obtenidos, en orden a desconocer la existencia del acuerdo de voluntades reclamado.


Por esto, “mal podía el Tribunal negarle su fuerza vinculante”, pretextando que pasaron quince días sin que el acuerdo empresarial se suscribiera o que lo celebrado era un mandato sin representación.


1.5. Siendo ese el contenido esencial de los cargos propuestos, se procede a examinar su idoneidad formal.


2. CONSIDERACIONES


2.1. Para resolver lo tocante con la presente demanda, compete a la Corte seguir las directrices del Código General del Proceso, en vigor partir el 1º de enero de 2016, por ser el plexo normativo que la gobierna, dado que la sentencia y el recurso involucrado, tuvieron lugar después de dicha data, todo al tenor de los artículos 624 y 625-5, según los cuales “(…) los recursos interpuestos (…), se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron (…)”, así el asunto se haya originado en la época del Código de Procedimiento Civil.


2.2. El recurso de casación, en el ámbito legal, es de naturaleza dispositiva y estricta, puesto que obedece a causales expresamente previstas por el legislador y se estructura en las precisas hipótesis normativas. Por eso, para habilitar en el aludido campo un estudio de fondo, la demanda dirigida a sustentar ese medio impugnativo debe sujetarse a los requisitos señalados en el artículo 344 del nuevo Estatuto Adjetivo. Entre otros, le incumbe al recurrente formular los cargos por separado y exponer sus fundamentos en “forma clara, precisa y completa”, los cuales aluden, en general, a la inteligibilidad de la acusación, a la exactitud de la misma y a su plenitud.


2.2.1. Como claridad implica fácil comprensión, no lo sería, por ejemplo, cuando se entremezclan o mixturan causales de casación, porque al fin de cuentas, al confundirlas esto llevaría a hacer inentendibles las protestas. Por esto, bien es conocido, al recurrente le corresponde señalar, al decir de la Sala en doctrina que mantiene vigencia, la “(…) vía y la clase de yerro que se atribuye al ad quem y no abandonarse en su desarrollo el camino escogido”1, pues si lo discurrido “(…) no cuadra ni con una ni con otra causal, en la medida en que tiene cosas de allá y de acá, su admisión es improcedente (…)”2.


Por esto, tratándose de violación directa de la ley sustancial, el ataque debe circunscribirse a la cuestión estrictamente jurídica, “sin comprender ni extenderse a la materia probatoria” (numeral 2º, literal a), ibídem), pues la causal parte de que la censura acepta el cuadro fáctico y probatorio sentado por el Tribunal, sólo que se equivocó en el respectivo ejercicio de subsunción normativa.


En ese caso, como se tiene explicado, la Corte “trabaja con los textos legales sustantivos únicamente, y ante ellos enjuicia el caso; ya sabe si los hechos están probados o no están probados, parte de la base de una u otra cosa, y sólo le falta aplicar la ley a los hechos establecidos”3.


2.2.2. Las exigencias relativas a una confutación “precisa y completa”, se asocian con la sentencia impugnada, precisamente, la mira del recurso extraordinario de casación, como thema decissum, y no con el proceso, como thema decidendum.


Aluden, entre otras cosas, a la identificación de las razones nodales de la decisión y a la exposición de los argumentos dirigidos a socavarlas, porque así se facilita verificar, en punto de la violación directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocada la apreciación jurídica o probatoria del juzgador, en caso positivo, si la acusación es enfocada o envolvente.


En esa línea, abordados temas ajenos a los motivos fundantes de la decisión, o si siéndolos no los comprende todos, no habría lugar a ningún estudio de mérito, pues al soslayarse o dejarse en pie algunos de ellos, éstos, por sí, le continuarían prestando base firme, al seguir amparados por la presunción de legalidad y acierto, de donde, al margen del juicio del Tribunal, la falta de precisión o suficiencia de la acusación, impediría avanzar la marcha.


2.3. Frente a las anteriores directrices, ninguno de los cargos propuestos se aviene a los requisitos formales dichos para admitirlos y resolverlos de mérito, al margen inclusive de cualquier otro defecto predicable.


2.3.1. El primero, porque enarbolado por la vía directa, esto significa que ninguna discrepancia fáctica o probatoria existe entre el juzgador y el recurrente.


En el caso, que efectivamente el contrato de corretaje de manera alguna fue acreditado, pues el documento presentado para el efecto se refería más bien a un mandato sin representación; y que los demás medios adosados dirigidos a establecerlo tampoco lo indicaban. En gracia de discusión, que no fue ejecutado en el término prefijado; y en todo caso, que al no involucrarse a la otra sociedad beneficiaria de la intermediación, subyacía otra duda que impedía “dar por probados los hechos alegados”, fuera de que si solo pudo perdurar hasta el 15 de marzo de 2012, las pretensiones para que se declarara “hasta una fecha posterior, carecían de sustento fáctico”.


Ahora, como las anteriores conclusiones no aparecen aceptadas en el cargo, por el contrario, se desconocen, en cuanto con respecto a los contratos de corretaje y de colaboración empresarial, el Tribunal “ponderó y valoró” de manera desacertada los elementos de juicio existentes en el proceso, en tanto, del primero “no aflora lo afirmado”, esto es, el mandato sin representación, salta de bulto que ante el desdoblamiento de la acusación, se peca contra la claridad requerida para recibirla a trámite y resolverla de fondo.


2.3.2. Los cargos segundo y tercero, porque si las pretensiones se desestimaron, de un lado, frente a la falta de prueba del corretaje; y de otro, en gracia de discusión, sobre la base de haberse acreditado su existencia; esto significa que cualquiera de esos dos argumentos, por sí, era suficiente para sostener la decisión.


La parte recurrente, por lo tanto, estaba compelida a combatir ambas razones medulares. No obstante, ninguna mención hizo a la última, vale decir, en sentir del Tribunal, que al no involucrarse a la otra sociedad beneficiaria de la intermediación, subyacía otra duda que impedía “dar por probados los hechos alegados”, fuera de que si el corretaje solo pudo perdurar hasta el 15 de marzo de 2012, las pretensiones para que se declarara “hasta una fecha posterior, carecían de sustento fáctico”.


Lo anterior, al margen del acierto del Tribunal, en palabras de esta misma Corporación, hace “inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura”4. Se trata, en consecuencia, de un valladar que relevaría a la Sala de una decisión de mérito, porque al fin de cuentas, como también lo tiene explicado, “(…) [l]os requisitos formales y de técnica en casación, en general, se entroncan con los que habilitan el examen de fondo de los cargos, porque si lo truncan, ello justifica, por obvias razones, que la demanda no sea recibida a trámite”5.


2.4. No se desconoce, los artículos 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 7 de la Ley 1285 de 2009, y 336, in fine, del Código General del Proceso, facultan a esta Corte, bien para proteger los derechos constitucionales, defender el orden o el patrimonio público, en cuyos eventos, al momento de proferir sentencia, es dable una decisión oficiosa; ya para escoger en forma positiva los fallos objeto de pronunciamiento cuando hay lugar a unificar o corregir la jurisprudencia, o a ejercer un control de legalidad.


2.4.1. Sin embargo, en la hipótesis de llevarse el caso al estadio de dictar sentencia, en el ámbito constitucional o de convencionalidad6, el simple hecho de haber obtenido la demandante recurrente decisiones en su contra, por sí, no impone adoptar correctivos, dado que para el efecto se requiere de la presencia de defectos superlativos.


Desde el punto de vista adjetivo, no se observan, toda vez que como se constata, al interior de la actuación el supuestamente agraviado mantuvo en forma amplia intactas las garantías de defensa y contradicción; en tanto, en el caso de su quebrantamiento, al no haberse reclamado, los vicios procesales subsanables quedaron saneados.


En el terreno de los hechos y de las pruebas, y en el campo estrictamente jurídico, tampoco se encuentra allanado el camino para la protección nomofiláctica de un derecho subjetivo, porque con independencia de que en el contrato celebrado entre las partes se haya hablado de “intermediación mercantil” o de la “gestión mercantil”, inclusive, nominado como corretaje, la cláusula sobre que la parte demandante se obligó con su interpelada a la “obtención y cesión de un contrato de prestación de servicio público de transporte con personas”, razonablemente permitía la interpretación del Tribunal.


En adición, porque en la hipótesis de que la labor de intermediación realizada por la demandante, Pesquera Mar & Redes Limitada, haya originado el contrato de colaboración empresarial suscrito entre Transpersonal del Caribe Limitada y la convocada Transportes Calderón S.A., la duda que abrigó el ad-quem sobre el cobro de la remuneración únicamente a esta última, no es inopinada, porque desde la misma demanda se manifestó que todo se gestó precisamente por solicitud de aquella sociedad.


Mírese cómo en el hecho tercero del libelo genitor, en efecto, se afirma que “(…) el señor Luis Padilla dueño de la empresa Transpersonal del Caribe Limitada se reúne en varias oportunidades con el señor Luis Alfonso Barrios Blanco dueño de Pesquera Mar & Redes Ltda. y le solicita conseguir un socio inversionista o que tuviera empresa de transportes para asociarse (…)” a fin de ejecutar uno de prestación de servicios, “(…) debido a que no tenía la suficiente capacidad financiera ni los vehículos necesarios”.


2.4.2. En la óptica de la selección positiva de los fallos objeto de decisión, en la mira de unificar o corregir jurisprudencia, o ejercer control de legalidad, tampoco habría lugar a la actuación de la Corte, al no aparecer temas asociados con la aplicación o alcance de una norma sustantiva, menos con diversidad de interpretaciones sobre un mismo punto de derecho, ni con la necesidad de erradicar del ordenamiento el valor de un precedente.


2.5. Relevado cualquier estudio de fondo, es del caso aplicar el artículo 346 del Código General del Proceso.


3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara inadmisible el libelo examinado y desierto el recurso de casación en comento. En consecuencia, ordena devolver el expediente al Tribunal de origen para lo pertinente.


NOTIFÍQUESE



LUIS ALONSO RICO PUERTA

(Presidente de la Sala)




MARGARITA CABELLO BLANCO

(Ausencia justificada)



ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO




ARIEL SALAZAR RAMÍREZ




LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA


1 CSJ. Civil. Auto de 19 de febrero de 2010, expediente 03455.

2 CSJ. Civil. Auto de 19 de enero de 2010, expediente 00017.

3 CSJ. Civil. Sentencia 040 de 25 de abril de 2000, expediente 5212, reiterando doctrina anterior.

4 CSJ. Civil. Auto de 8 de noviembre de 2011, expediente 00501, reiterando precedentes.

5 CSJ. Civil. Auto de 26 de abril de 2011, expediente 00354.

6 Convención Americana sobre de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, aprobada mediante Ley 16 de 1972.